Por Roberto Posada García Peña
¿Papel o función? Sería más correcto emplear el último calificativo, pues si bien la prensa no puede en ninguna parte suplir la misión que debe cumplir el Poder Judicial, cual es la de ejercer "pronta y cumplida justicia", que no es cosa que al menos en Colombia se observe con frecuencia, la tarea fiscalizadora de los medios resulta más que indispensable para velar por la transparencia de la democracia, así muchas veces no logre garantizarla.
Dos autores, el periodista chileno Fernando Cárdenas Hernández y el colombiano Jorge González Patiño, acaban de publicar un libro muy ilustrativo al respecto, titulado Los watergates latinos (Prensa vs. gobernantes corruptos). No hace falta –aunque tampoco sobra– recordar los días dramáticos de Watergate, cuando The Washington Post, a través de sus entonces reporteros Woodward y Bernstein, terminaron tumbando a Richard Nixon de la presidencia de los Estados Unidos. ¿La aparente causa inocua, que a la postre resultó inicua? Tal la recuerda el periodista Daniel Coronell en el prólogo de dicho libro, cuando señala: "Pocos imaginaron hace 34 años que unos fontaneros, sorprendidos mientras husmeaban en el cuartel de la oposición, serían la primera pieza del dominó que terminaría tumbando al hombre más poderoso del mundo".
No han sido pocos los escándalos que han destapado los medios en relación con la conducta –inclusive íntima– de aquellas figuras públicas, de acuerdo con el precepto según el cual los hombres públicos no tienen vida privada. Bill Clinton también casi se cae por sus mentiras en episodios sexuales como los que ocurrieron con la Lewinsky. Y la obra ya citada trae varios ejemplos –que transcribo– sobre el ejercicio de la prensa frente a los abusos del poder, comenzando por el Perú con el caso de Alberto Fujimori, quien en noviembre del 2000 fue destituido por el Congreso luego de huir del país y de buscar refugio en Japón. Quedó vinculado a más de veinte expedientes por delitos de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos, en varios de los cuales se lo vio enredado con el famoso Montesinos.
También está el caso reciente en Costa Rica de Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez. El primero fue acusado de seis delitos de corrupción agravada y daños al erario público; el segundo, de corrupción y enriquecimiento ilícito. Como ex presidente, ya Rodríguez había asumido la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en reemplazo de César Gaviria, y tuvo que renunciar al cargo por las denuncias de la prensa costarricense en su contra.
En Argentina, ni se diga. ¡Ni para qué hablar del derroche de corrupción de generales como Videla y Galtieri! Más recientemente, Carlos Saúl Menem fue condenado como jefe de una asociación ilícita para la venta de armas a Ecuador y Croacia. Luego de estar bajo arresto durante seis meses, hoy vive en Chile.
En Nicaragua ocurrió lo propio con José Arnoldo Alemán Lacayo, por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, robo y mal manejo de los fondos nacionales. Los que le costaron veinte años de cárcel.
En México, la corrupción, sobre todo en épocas del PRI, no solo ha sido ventilada sino mundialmente conocida como rampante. Con el ítem de que, al menos durante muchos años, el papel de la prensa lo ejerció siempre el Estado. Sin embargo, en 1996 la Procuraduría acusó a Carlos Salinas de Gortari de los delitos de falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito. También fue acusado de participar, junto con su hermano Raúl, en la muerte de Francisco Ruiz Massieu. Y aunque fue exonerado de todos los cargos, vive en México y mantiene un bajo perfil político luego de pasar varios años en el exilio.
En Venezuela, Carlos Andrés Pérez fue destituido y condenado por los delitos de malversación de fondos públicos y peculado. Actualmente vive en Miami y el gobierno de Chávez ha intentado en vano conseguir su extradición. Y sobre Chávez las versiones son tan contradictorias como encontradas, desde el punto de vista de las presiones contra sus enemigos y de las promociones que, a través de cadenas radiales y televisivas oficiales, ha montado como su propio aparato de propaganda.
Son, en fin, muchos los ejemplos. Como la caída de Bucaram en el Ecuador y la más reciente del presidente Lucio Gutiérrez –paradójicamente, hoy de nuevo candidato a la Presidencia– por atentar el año pasado contra la seguridad nacional. Y en la propia renuncia de Collor de Melho, en el Brasil, es indudable que, a pesar de provenir de los escenarios mediáticos, fue la presión de los propios medios la que a la larga logró su salida.
* * * *
En Colombia hubo censura de prensa durante los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, comprendidos entre 1946 y 1952, y mientras estuvo en el poder este último gobernante fueron incendiados EL TIEMPO y El Espectador, los dos periódicos más importantes. Después vino el gobierno del general Rojas Pinilla, que clausuró EL TIEMPO. Y aun cuando sería injusto hablar de censura abierta, no puede negarse que durante la época del Frente Nacional –por varios sectores calificada como una buena terapia política para frenar la violencia entre liberales y conservadores– los gobernantes mostraban, en términos generales, brotes de irritación frente a las críticas de la prensa.
Alberto Lleras, excelente periodista y mejor prosista y mandatario durante el primer cuatrienio del Frente Nacional, a partir de 1958, no compartía el hecho de que los columnistas de los periódicos discreparan ideológicamente de la posición política del editorialista. Después, Guillermo León Valencia tuvo más de un episodio de irascibilidad no solo con los reporteros sino incluso con los fotógrafos, a raíz de que uno de ellos lo pilló orinando en algún lugar público a la luz de la luna. El ex presidente Carlos Lleras Restrepo, recordado por hacer un buen gobierno, tampoco era muy tolerante con los reparos y observaciones provenientes de la prensa. Julio César Turbay, quien lo sucedió, lo mismo que Misael Pastrana Borrero, resultó en cambio más paciente, pese a que no fueron pocos los excesos en que ciertas publicaciones incurrían contra sus honras. Luego a Alfonso López Michelsen se le saltó la piedra en más de una ocasión y en un congreso de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Cartagena, al inaugurarlo planteó la tesis de que los diarios en Colombia deberían pertenecer a cooperativas de sus trabajadores y no a sus dueños, en respuesta a los ataques que los periódicos le formulaban por diversos motivos, especialmente El Espectador.
A Virgilio Barco literalmente le resbalaban las críticas, que por lo demás no eran suaves, ignoro si deliberadamente. Su sucesor, César Gaviria, tuvo el buen cuidado de nombrar a reconocidos periodistas como cercanos asesores suyos, que ejercían determinada influencia en su propio círculo. A Ernesto Samper le dieron duro y parejo a raíz del llamado proceso 8.000, y tuvo que soportar descalificaciones muchas veces injustas, un tanto al amparo de la consigna de otro ex presidente, Belisario Betancur, quien siempre prefirió"una prensa desbordada a una prensa amordazada". Y Andrés Pastrana, el penúltimo de nuestros mandatarios, tuvo ciertos choques con programas radiales de humor como La luciérnaga.
Ahora, cuando Colombia está en plena campaña presidencial, ha habido más de un crudo enfrentamiento entre el presidente Álvaro Uribe Vélez y los medios, concretamente con las revistas Semana y Cambio, por serias denuncias formuladas sobre irregularidades ocurridas en el DAS, que es el departamento de inteligencia estrechamente vinculado al Poder Ejecutivo y a su cabeza más visible, el Jefe del Estado. No ha habido censura, pero sí incriminaciones oficiales de que, con sus denuncias –juzgadas por el Presidente como falsas– dichos semanarios han incurrido en actos irresponsables, cuando no en ciertos casos manifiestamente antipatrióticos en relación con el tema Chávez.
Hay que agregar, además, que en Colombia el pluralismo informativo es cada vez más estrecho. Solo existe un periódico nacional y las dos principales cadenas privadas de televisión pertenecen a conglomerados económicos, con un canal público económicamente cada vez más precario.
En fin: por lo general la prensa mortifica el genio de los gobernantes y más cuando se trata de temperamentos poco tolerantes. Y si bien, como se dijo al comienzo, es necesario que exista una función investigativa y fiscalizadora de los medios y no únicamente informativa, no es menos cierto que los periodistas ni tenemos coronilla ni es misión nuestra ultrajar al ciudadano con el manejo de noticias e informaciones que pueden tener connotaciones chantajistas. Pues, como se ha sostenido siempre, el poder de la prensa reside en su credibilidad y si esta se merma por inexactitudes o excesos, cuando no por distorsionar la verdad, no es que le falte entonces transparencia a la democracia, sino a quienes ejercen el periodismo. Transparencia, rigor y buena fe.
Por Roberto Posada GarcíaPeña (D’Artagnan)
Conferencia en Poitiers, en el seminario ‘Democracia participativa y calidad de los servicios públicos’, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en París
¿Papel o función? Sería más correcto emplear el último calificativo, pues si bien la prensa no puede en ninguna parte suplir la misión que debe cumplir el Poder Judicial, cual es la de ejercer "pronta y cumplida justicia", que no es cosa que al menos en Colombia se observe con frecuencia, la tarea fiscalizadora de los medios resulta más que indispensable para velar por la transparencia de la democracia, así muchas veces no logre garantizarla.
Dos autores, el periodista chileno Fernando Cárdenas Hernández y el colombiano Jorge González Patiño, acaban de publicar un libro muy ilustrativo al respecto, titulado Los watergates latinos (Prensa vs. gobernantes corruptos). No hace falta –aunque tampoco sobra– recordar los días dramáticos de Watergate, cuando The Washington Post, a través de sus entonces reporteros Woodward y Bernstein, terminaron tumbando a Richard Nixon de la presidencia de los Estados Unidos. ¿La aparente causa inocua, que a la postre resultó inicua? Tal la recuerda el periodista Daniel Coronell en el prólogo de dicho libro, cuando señala: "Pocos imaginaron hace 34 años que unos fontaneros, sorprendidos mientras husmeaban en el cuartel de la oposición, serían la primera pieza del dominó que terminaría tumbando al hombre más poderoso del mundo".
No han sido pocos los escándalos que han destapado los medios en relación con la conducta –inclusive íntima– de aquellas figuras públicas, de acuerdo con el precepto según el cual los hombres públicos no tienen vida privada. Bill Clinton también casi se cae por sus mentiras en episodios sexuales como los que ocurrieron con la Lewinsky. Y la obra ya citada trae varios ejemplos –que transcribo– sobre el ejercicio de la prensa frente a los abusos del poder, comenzando por el Perú con el caso de Alberto Fujimori, quien en noviembre del 2000 fue destituido por el Congreso luego de huir del país y de buscar refugio en Japón. Quedó vinculado a más de veinte expedientes por delitos de enriquecimiento ilícito y malversación de fondos, en varios de los cuales se lo vio enredado con el famoso Montesinos.
También está el caso reciente en Costa Rica de Rafael Ángel Calderón y Miguel Ángel Rodríguez. El primero fue acusado de seis delitos de corrupción agravada y daños al erario público; el segundo, de corrupción y enriquecimiento ilícito. Como ex presidente, ya Rodríguez había asumido la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en reemplazo de César Gaviria, y tuvo que renunciar al cargo por las denuncias de la prensa costarricense en su contra.
En Argentina, ni se diga. ¡Ni para qué hablar del derroche de corrupción de generales como Videla y Galtieri! Más recientemente, Carlos Saúl Menem fue condenado como jefe de una asociación ilícita para la venta de armas a Ecuador y Croacia. Luego de estar bajo arresto durante seis meses, hoy vive en Chile.
En Nicaragua ocurrió lo propio con José Arnoldo Alemán Lacayo, por los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, robo y mal manejo de los fondos nacionales. Los que le costaron veinte años de cárcel.
En México, la corrupción, sobre todo en épocas del PRI, no solo ha sido ventilada sino mundialmente conocida como rampante. Con el ítem de que, al menos durante muchos años, el papel de la prensa lo ejerció siempre el Estado. Sin embargo, en 1996 la Procuraduría acusó a Carlos Salinas de Gortari de los delitos de falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito. También fue acusado de participar, junto con su hermano Raúl, en la muerte de Francisco Ruiz Massieu. Y aunque fue exonerado de todos los cargos, vive en México y mantiene un bajo perfil político luego de pasar varios años en el exilio.
En Venezuela, Carlos Andrés Pérez fue destituido y condenado por los delitos de malversación de fondos públicos y peculado. Actualmente vive en Miami y el gobierno de Chávez ha intentado en vano conseguir su extradición. Y sobre Chávez las versiones son tan contradictorias como encontradas, desde el punto de vista de las presiones contra sus enemigos y de las promociones que, a través de cadenas radiales y televisivas oficiales, ha montado como su propio aparato de propaganda.
Son, en fin, muchos los ejemplos. Como la caída de Bucaram en el Ecuador y la más reciente del presidente Lucio Gutiérrez –paradójicamente, hoy de nuevo candidato a la Presidencia– por atentar el año pasado contra la seguridad nacional. Y en la propia renuncia de Collor de Melho, en el Brasil, es indudable que, a pesar de provenir de los escenarios mediáticos, fue la presión de los propios medios la que a la larga logró su salida.
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En Colombia hubo censura de prensa durante los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez, comprendidos entre 1946 y 1952, y mientras estuvo en el poder este último gobernante fueron incendiados EL TIEMPO y El Espectador, los dos periódicos más importantes. Después vino el gobierno del general Rojas Pinilla, que clausuró EL TIEMPO. Y aun cuando sería injusto hablar de censura abierta, no puede negarse que durante la época del Frente Nacional –por varios sectores calificada como una buena terapia política para frenar la violencia entre liberales y conservadores– los gobernantes mostraban, en términos generales, brotes de irritación frente a las críticas de la prensa.
Alberto Lleras, excelente periodista y mejor prosista y mandatario durante el primer cuatrienio del Frente Nacional, a partir de 1958, no compartía el hecho de que los columnistas de los periódicos discreparan ideológicamente de la posición política del editorialista. Después, Guillermo León Valencia tuvo más de un episodio de irascibilidad no solo con los reporteros sino incluso con los fotógrafos, a raíz de que uno de ellos lo pilló orinando en algún lugar público a la luz de la luna. El ex presidente Carlos Lleras Restrepo, recordado por hacer un buen gobierno, tampoco era muy tolerante con los reparos y observaciones provenientes de la prensa. Julio César Turbay, quien lo sucedió, lo mismo que Misael Pastrana Borrero, resultó en cambio más paciente, pese a que no fueron pocos los excesos en que ciertas publicaciones incurrían contra sus honras. Luego a Alfonso López Michelsen se le saltó la piedra en más de una ocasión y en un congreso de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en Cartagena, al inaugurarlo planteó la tesis de que los diarios en Colombia deberían pertenecer a cooperativas de sus trabajadores y no a sus dueños, en respuesta a los ataques que los periódicos le formulaban por diversos motivos, especialmente El Espectador.
A Virgilio Barco literalmente le resbalaban las críticas, que por lo demás no eran suaves, ignoro si deliberadamente. Su sucesor, César Gaviria, tuvo el buen cuidado de nombrar a reconocidos periodistas como cercanos asesores suyos, que ejercían determinada influencia en su propio círculo. A Ernesto Samper le dieron duro y parejo a raíz del llamado proceso 8.000, y tuvo que soportar descalificaciones muchas veces injustas, un tanto al amparo de la consigna de otro ex presidente, Belisario Betancur, quien siempre prefirió"una prensa desbordada a una prensa amordazada". Y Andrés Pastrana, el penúltimo de nuestros mandatarios, tuvo ciertos choques con programas radiales de humor como La luciérnaga.
Ahora, cuando Colombia está en plena campaña presidencial, ha habido más de un crudo enfrentamiento entre el presidente Álvaro Uribe Vélez y los medios, concretamente con las revistas Semana y Cambio, por serias denuncias formuladas sobre irregularidades ocurridas en el DAS, que es el departamento de inteligencia estrechamente vinculado al Poder Ejecutivo y a su cabeza más visible, el Jefe del Estado. No ha habido censura, pero sí incriminaciones oficiales de que, con sus denuncias –juzgadas por el Presidente como falsas– dichos semanarios han incurrido en actos irresponsables, cuando no en ciertos casos manifiestamente antipatrióticos en relación con el tema Chávez.
Hay que agregar, además, que en Colombia el pluralismo informativo es cada vez más estrecho. Solo existe un periódico nacional y las dos principales cadenas privadas de televisión pertenecen a conglomerados económicos, con un canal público económicamente cada vez más precario.
En fin: por lo general la prensa mortifica el genio de los gobernantes y más cuando se trata de temperamentos poco tolerantes. Y si bien, como se dijo al comienzo, es necesario que exista una función investigativa y fiscalizadora de los medios y no únicamente informativa, no es menos cierto que los periodistas ni tenemos coronilla ni es misión nuestra ultrajar al ciudadano con el manejo de noticias e informaciones que pueden tener connotaciones chantajistas. Pues, como se ha sostenido siempre, el poder de la prensa reside en su credibilidad y si esta se merma por inexactitudes o excesos, cuando no por distorsionar la verdad, no es que le falte entonces transparencia a la democracia, sino a quienes ejercen el periodismo. Transparencia, rigor y buena fe.
Por Roberto Posada GarcíaPeña (D’Artagnan)
Conferencia en Poitiers, en el seminario ‘Democracia participativa y calidad de los servicios públicos’, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en París
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