Los archivos y registros son una parte importante del proceso de documentación en el periodismo de investigación. Estos archivos, tanto los oficiales (públicos) como los personales son uno de los elementos más importantes para realizar la investigación ya que el hombre desde que nace, como persona, va dejando una serie de papeles como rastro. La dificultad principal estriba en localizar esos datos y como tener acceso a él sin cometer ningún acto ilícito, esto conlleva un amplio conocimiento legal.
En EE.UU, esta fase de documentación del periodista ha pasado a ser muy sencilla pero en España esto no es así, y aunque el acceso no esa fácil es necesario saber en que lugar se guarda la información en concreto para intentar el acceso si fuera necesario. El acceso a archivos y registros está regulado por la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 1992, que establece el derecho de acceso pero con numerosas restricciones y limitaciones y que dice que están legitimados para acceder a los archivos públicos los ciudadanos en general, pero se exige que los expedientes que se consultan hagan referencia a expedientes terminados. El procedimiento para acceder consiste en una petición individualizada sobre los documentos que se desean consultar, sin embargo no se permite hacer una petición sobre una materia genérica. La administración puede denegar los accesos en los siguientes casos:
1. si los documentos contienen datos referentes a la intimidad de las personas.
2. si los documentos incluyen el nombre de personas solo estas podrán acceder, o bien terceras personas que acrediten un interés legítimo y directo.
3. los periodistas siempre y cuando se cumpla el principio de derecho a la intimidad.
4. si los documentos contienen información sobre actos de los gobierno central y autonómico.
5. si contienen información sobre defensa nacional o seguridad del estado.
6. si puede poner en peligro la protección de los derechos y libertades de terceras personas en caso de investigación de delitos.
7. si hacen referencia a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria. Con estos supuestos, el periodista investigador no tiene más remedio que acudir a una fuente amiga ubicada en el centro de interés.
En EE.UU, esta fase de documentación del periodista ha pasado a ser muy sencilla pero en España esto no es así, y aunque el acceso no esa fácil es necesario saber en que lugar se guarda la información en concreto para intentar el acceso si fuera necesario. El acceso a archivos y registros está regulado por la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 1992, que establece el derecho de acceso pero con numerosas restricciones y limitaciones y que dice que están legitimados para acceder a los archivos públicos los ciudadanos en general, pero se exige que los expedientes que se consultan hagan referencia a expedientes terminados. El procedimiento para acceder consiste en una petición individualizada sobre los documentos que se desean consultar, sin embargo no se permite hacer una petición sobre una materia genérica. La administración puede denegar los accesos en los siguientes casos:
1. si los documentos contienen datos referentes a la intimidad de las personas.
2. si los documentos incluyen el nombre de personas solo estas podrán acceder, o bien terceras personas que acrediten un interés legítimo y directo.
3. los periodistas siempre y cuando se cumpla el principio de derecho a la intimidad.
4. si los documentos contienen información sobre actos de los gobierno central y autonómico.
5. si contienen información sobre defensa nacional o seguridad del estado.
6. si puede poner en peligro la protección de los derechos y libertades de terceras personas en caso de investigación de delitos.
7. si hacen referencia a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria. Con estos supuestos, el periodista investigador no tiene más remedio que acudir a una fuente amiga ubicada en el centro de interés.
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